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Introducción

Los temas de gestión ambiental, en particular el relativo al manejo de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), como los más sólidos instrumentos para la conservación in situ del patrimonio natural, han tomado fuerza a la luz de la acelerada degradación de los ecosistemas y la disminución de la diversidad biológica. Las ANP incluyen zonas con poblaciones humanas de alto grado de marginación socioeconómica; condición que para algunas autoridades ofrece la posibilidad de enfrentar en una sola estrategia tanto el problema del rezago social como el de la conservación biológica. Sin embargo, lo anterior no necesariamente es compatible, toda vez que la conservación de la biodiversidad puede implicar nuevas restricciones al uso de los recursos naturales, asignándose para ello tasas de aprovechamiento insostenibles en términos económicos. Una mirada general al mapa de distribución de las ANP en México y en particular en la Península de Yucatán muestra el espacio costero protegido en un gran porcentaje del total de áreas protegidas con diferentes categorías de manejo, por lo que se convierte en un espacio problema donde la existencia de múltiples intereses de los actores genera también diversidad de conflictos reales y potenciales. Es decir, un territorio multiuso donde un segundo aspecto crítico es el hecho mismo de que estas ANP, específicamente aquellas en zonas costeras, registran una demanda creciente por parte de un mercado turístico para todas sus modalidades. Un tercer aspecto crítico es el directamente relacionado con el crecimiento de la superficie de las ANP, el uso del suelo y sus recursos disponibles; esto es, se convierten en áreas de interés político y pueden llegar a considerarse competidores de los ayuntamientos municipales.

En la actualidad, el número de áreas naturales protegidas de administración federal en México es de 149, con una superficie total de 17.486,741 hectáreas. La Península de Yucatán actualmente cuenta con 19 de ellas (12.75%), con un total de 2.620,010 hectáreas que representan el 15% de estas (Tabla 1). Asimismo, en la región, los gobiernos locales han decretado 12 ANP de administración estatal (6 en Yucatán, 4 en Quintana Roo y 2 en Campeche) con un total de 932,296 hectáreas; y 1 de administración municipal (Mérida).

La complejidad del manejo de las áreas naturales protegidas

A diferencia de otros países, donde los terrenos en los que se establecen las ANP son propiedad del gobierno que las administra bajo la categoría de bienes públicos, en México permanecen, en su mayor extensión, sujetos a la propiedad privada, ejidal o comunal. Por otra parte, para entender la complejidad de la gestión es necesario observar lo que muchos usuarios de recursos naturales consideran derechos adquiridos¹, particularmente en el caso de las ANP marinas en las que el acceso a los bienes públicos requiere un análisis particular. Esto implica la necesidad de planificar y gestionar, con todos los residentes locales y los visitantes eventuales, propietarios y usuarios, los usos del suelo y el manejo de los recursos naturales bajo esquemas que les permitan tener y mantener su participación.

La complejidad de la administración de las ANP no termina con lo anterior. Para lograr una eficiente -y eficaz- administración territorial y del manejo de sus recursos naturales se requiere una integración de las políticas públicas al interior de este espacio territorial. Lograrla implica poder incidir en las decisiones de más de 10 dependencias, tanto al interior del sector ambiental como de otros sectores gubernamentales de los tres niveles, respecto a la forma de aplicación de los programas de gobierno, tanto en lo concerniente a la emisión de autorizaciones, permisos y concesiones sobre usos del suelo, como al aprovechamiento de recursos (Tabla 2).

¹ Vale la pena preguntarse si este concepto de “derechos adquiridos” tiene algún sentido jurídico en una sociedad que se pretende democrática y se dice sujeta a un estado de derecho. Pareciera que la idea del derecho adquirido responde, no a la existencia de un marco jurídico formal, sino a un criterio que atiende al primero que llegue o, en el peor de los casos, al imperio del más fuerte.

Tabla 1. Áreas Naturales Protegidas de administración federal.

Tabla 2. Principales dependencias encargadas de la expedición
de autorizaciones, permisos y concesiones y aplicación de programas
de desarrollo al interior de ANP.

Los ejemplos en los que las políticas o las decisiones de los distintos órganos de gobierno se contraponen debido a la visión sectorial de cada dependencia o área administrativa, así como los criterios bajo los cuales los funcionarios en turno otorgan permisos o autorizaciones, son múltiples y diversos. Lo anterior afecta constantemente gran parte de la gestión que realizan las administraciones de las ANP, en especial cuando el trabajo comunitario lleva a consensos acerca del uso de los recursos naturales. Esto suele verse con cierta frecuencia en casos en los que la autoridad responsable de la ANP -con el respaldo formal del Programa de Manejo del área a su cargo- y los usuarios de los recursos naturales adoptan voluntariamente mejores prácticas de manejo, pongamos por caso, eliminar redes de pesca en zonas de alta productividad biológica. No obstante que comiencen a recuperarse así los recursos pesqueros, en los hechos nada garantiza que este acuerdo sea respaldado por la autoridad de pesca y, contraviniendo una iniciativa comunitaria, autorice a nuevos grupos o permisionarios la pesca con redes; al final se acaban enfrentando problemas sociales y jurídicos, así como el correspondiente descrédito hacia las instituciones gubernamentales, incluyendo aquí a la administración de la ANP.

Tenemos que tomar en consideración, asimismo, que en otras ocasiones el trabajo comunitario es convocado por organizaciones no gubernamentales que trabajan al nivel de las comunidades locales y están en estrecha vinculación con los municipios y con los representantes de las dependencias del gobierno. Por lo tanto, muchos de los consensos logrados transitan con esquemas de gestión que quedan inconclusos, y desaniman a los grupos locales y los colocan en dinámicas contradictorias de toma de decisiones de los asuntos locales.

El Programa de Manejo es el instrumento con el que las ANP cuentan para la planeación de los usos del suelo y las actividades de aprovechamiento de los recursos naturales. Sin embargo, este instrumento presenta serias limitaciones, aun cuando se plantea como el más indicado para reflejar una verdadera integración de las políticas públicas. Tiene poco peso jurídico, ya que para su elaboración tiene que supeditarse a lo establecido en las distintas leyes y reglamentos de administración territorial, de usos del suelo y de aprovechamiento de recursos naturales. Esto es, no puede establecer nuevas normas y regulaciones si éstas ya están definidas en algún otro instrumento regulatorio, por lo que difícilmente puede resultar un instrumento ad hoc para atender todas las necesidades específicas del manejo particular de cada ANP.

Asimismo, los Programas de Manejo entrañan limitaciones para la regulación de las densidades y reglas de construcción de obras de desarrollo al interior de las ANP, de suerte que el uso de los Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET-POEL) y los Planes de Desarrollo Urbano (PDU) se convierten en instrumentos alternativos de planeación y regulación. Con base en esta premisa, para atender la necesidad de regular las densidades de construcción en la zona costera de la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an fue elaborado un POET, mientras que los Parques Nacionales de Xcalak y Tulum se han considerado dentro de la planeación de POET regionales o locales. En las ANP marinas también resultan limitados los Programas de Manejo para la regulación de actividades pesqueras y de otro tipo de actividades contenidas en otros instrumentos jurídicos.

Dentro de esta complejidad están los procesos de consulta pública para someter los Programas de Manejo de las ANP, en los que se presenta el problema de la representatividad de los sectores económicos, de la “comunidad” y de las dependencias federales, estatales y municipales. Otro problema es el referente a la continuidad de los consensos y a la “apropiación”: el hacer propias o compartir las responsabilidades por parte de los sectores involucrados. Generalmente los sectores sociales orientan las responsabilidades de manera unidireccional, dejando recaer en el gobierno la solución total. Y por el lado del gobierno, es el municipio el que con frecuencia no adopta las responsabilidades y capacidades que le corresponden. El problema de la comunicación y negociación tiene que ser considerado no sólo en lo que corresponde a los órganos de gobierno y sus diferentes niveles, sino también a las ONG tomando en cuenta su fuerte dependencia de los momentos y actuaciones de los organismos que financian las actividades de conservación y desarrollo.

Descentralización de áreas naturales protegidas

En la construcción de un genuino sistema federal y democrático, uno de los temas cuyo análisis resulta todavía pendiente es el que implica la descentralización administrativa de las facultades del gobierno federal hacia los estados y municipios para el manejo de las Áreas Naturales Protegidas.

Cuando observamos la complejidad que entraña el manejo de las ANP, vale preguntarse si su administración se facilitaría en manos de los gobiernos de los estados o municipios. No obstante que existen algunas experiencias al respecto, no se ha hecho un análisis documentado de sus resultados y, en consecuencia, tampoco se ha determinado cuáles son los elementos que se requieren para definir políticas encaminadas a enriquecer las estrategias de conservación.

Para entender mejor los esquemas de descentralización es preciso señalar las opciones normativas que se han implementado en la Península de Yucatán y que son parte de este análisis. Las siguientes modalidades no son excluyentes, pero las presentamos segmentadas con la intención de ofrecer un análisis más detallado y una mejor comprensión histórica:

Descentralización coercitiva. En esta modalidad el gobierno del estado y el de los municipios son tratados como agentes reguladores del gobierno federal. Se espera que cumplan con una serie de requisitos impuestos por el gobierno federal. Las políticas de manejo y las medidas regulatorias deberán tener estándares y procedimientos para lograr el cumplimiento de objetivos y para reducir la discrecionalidad de la autoridad. Cuando estas medidas no se cumplen, el gobierno federal puede establecer diversas sanciones. Bajo esta premisa, el gobierno federal -primero a través de la SEDUE y, en su momento, de la SEDESOL-descentralizó el manejo de las Reserva de la Biosfera de Calakmul en Campeche a principios de la década de los noventa.

Descentralización cooperativa. Es un acercamiento a las estructuras y tratados intergubernamentales del gobierno federal con los estados, provincias o municipios u otras unidades de gobierno, donde los concibe como “socios”. Se asume que existen los acuerdos necesarios entre los órdenes de gobierno y la coordinación indispensable para la aplicación de las políticas públicas, y los incentivos suficientes para el logro de los objetivos. Si bien podemos señalar que debido a los requerimientos de la gestión que precisan las ANP en México ésta modalidad es una condición deseable y se trabaja en esa dirección, también es cierto que existen experiencias donde la firma de estos acuerdos más formales de co-administración ha generado experiencias poco recomendables, como fue el caso de la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an en Quintana Roo a finales de los años ochenta y principios de los noventa.

Participación de instituciones académicas, ONGS, comunidades y empresas locales. En esta modalidad se reconoce que los proyectos de manejo de recursos no necesariamente dependen del mandato de una agencia del gobierno central. Pero lo cierto es que no existe un sólo caso en la Península de Yucatán en el que la administración de una ANP de carácter federal haya sido otorgada a instituciones privadas o públicas de carácter académico, aunque sí ha ocurrido en áreas sujetas a jurisdicción estatal, como lo fue durante algunos años el caso de la Reserva Estatal de El Palmar en Yucatán. También es cierto, por otra parte, que con cierta frecuencia han participado ONGS y centros e institutos de investigación y educación superior en actividades o programas de las ANP.

Desconcentración. Implica que la autoridad federal (CONANP) concentra la mayor parte de sus actos de autoridad y decisiones de manejo preferentemente en las oficinas regionales. En esta modalidad la CONANP ha desarrollado su quehacer desde el año 2001.

La Experiencia

La experiencia de la descentralización coercitiva en el caso de la Reserva de la Biosfera “Calakmul” permite en retrospectiva apreciar varios errores: la “entrega” de la administración al gobierno del estado de Campeche se realizó sin contar con elementos normativos, particularmente un Programa de Manejo, ni controles internos para la asignación de perfiles especializados para ocupar los puestos de responsabilidad en la administración del área. En consecuencia, esta amplia zona (723,000 hectáreas), que estuvo sujeta a la ejecución de políticas fallidas de colonización durante las décadas de los sesenta y setenta principalmente debido a la escasa disponibilidad de agua, y que padeció la indefinición de los límites territoriales entre Campeche y Quintana Roo, además de que se encuentra lejos de la ciudad capital (350 km), no contaba para su manejo con un instrumento eficaz de control de promoción política. La Dirección de la Reserva fue ocupada entonces mediante nombramiento directo por parte del gobernador en turno, y fue vista como un escaño para aspirar a la presidencia municipal. Así, en más de una ocasión, los recursos disponibles de los programas internacionales de apoyo a la conservación fueron utilizados para programas sociales de promoción política.

Un segundo caso podría ser el del Parque Nacional de Dzibilchaltún en Yucatán, cuya administración le fue otorgada mediante un convenio de coordinación al gobierno del estado a finales de los años noventa, y que, a diferencia de Calakmul, hasta hoy continúa sujeto a la administración estatal. No obstante, los resultados generados por dicho cambio son, para todo efecto práctico, nulos: en cuanto área natural protegida Dzibilchaltún continúa siendo un parque de papel². La presión de cambios de uso de suelo a la que se ha visto sujeta esta zona por el crecimiento urbano de la ciudad de Mérida, continúa aumentando y mermando la superficie disponible para la conservación.

Una de las razones que explican el abandono por parte de la autoridad federal del Parque Nacional de Dzibilchaltún - la CONANP no ha hecho esfuerzos por reintegrarlo al manejo- y que lo hacen diferente del caso de Calakmul, es que su participación en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas parece ya no tener un carácter prioritario³.

² Vale decir en este caso que la administración de Dzibilchaltún como zona arqueológica sigue sujeta parcialmente a la jurisdicción federal a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero no hay en realidad una coordinación efectiva entre las instancias responsables de la conservación y administración del patrimonio cultural y la dependencia a cargo del manejo del parque nacional.

Una segunda experiencia de descentralización, más apegada a la forma cooperativa, fue la que se estableció entre la SEDUE y el gobierno del estado de Quintana Roo para la atención de la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an durante los últimos años de la década de los ochenta y principios de los noventa.

A diferencia de la experiencia en Calakmul, esta área es muy vigilada debido entre otras razones a que ha recibido múltiples nombramientos y reconocimientos internacionales (Sitio de Patrimonio Mundial, Red de Reservas de la Biosfera, Sitio RAMSAR), además de la atención que le han prestado las ONGS que trabajan en apoyo a su conservación. Sin embargo, al igual que en el caso de Calakmul, el nombramiento de los directores por el Gobernador en turno convirtió a la Dirección del Área Natural Protegida en un puesto de agenda política o de intereses personales, ocupado por personas sin un perfil adecuado y con distintos intereses en su manejo. A finales de 1995, las discrepancias entre el gobierno federal y el estatal en las decisiones sobre la administración se agudizaron, en un escenario que ponía de manifiesto la debilidad institucional del gobierno local frente a las presiones ejercidas sobre el área por parte de representantes de los intereses del desarrollo costero del sur del estado de Quintana Roo.

La Tabla 3 refleja los presupuestos de atención al medio ambiente en los estados de la Península de Yucatán, así como el bajo nivel de gestión, cuando existe, que tienen los administradores o encargados de las ANP de administración estatal. Además de los salarios relativamente bajos y un mínimo de incentivos para el desarrollo de capacidades del personal, el bajo nivel de gestión explica el poco interés de gente bien capacitada para el puesto. Por otra parte, el nivel de administración estatal implica poco acceso a la gestión de apoyos económicos, técnicos, políticos y de promoción y cooperación interinstitucional al nivel local, nacional o internacional. Lo anterior no supone que quienes ocupan esos cargos carezcan de las capacidades necesarias, sino que por tratarse de funcionarios de menor rango no tienen acceso a los tomadores de decisiones de las instituciones cooperantes.

Finalmente, en términos de conservación y desarrollo, estas limitaciones se reflejan en la pérdida de hábitat, tanto en cobertura como en calidad, pues se carece tanto de presencia institucional como de proyectos de conservación que permitan fomentar una cultura ambiental entre las comunidades locales y entre los funcionarios de gobierno que toman las decisiones que afectan directa o indirectamente al área. Esto último -la falta de conciencia ambiental de los funcionarios públicos- se observa con frecuencia en las constantes modificaciones a la planeación y en los cambios de usos del suelo concebidos y ejecutados únicamente para adecuarlos a las necesidades financieras de las inversiones privadas. Más aún, en muchas ocasiones las propias autoridades locales promueven actividades no sustentables que violentan la reglamentación de las ANP.

³ El análisis y la evaluación de lo que ha sucedido con los sistemas estatales de áreas naturales protegidas, que refleja el pobre lugar que la conservación de los recursos naturales alcanza entre las prioridades de los gobiernos estatales, contribuiría a explicar la situación de las áreas “descentralizadas”

Tabla 3. Gestión de las áreas naturales protegidas estatales.

No es una exageración presuponer que si las ANP de administración federal se encontraran bajo una administración estatal o municipal, su fisonomía sería muy distinta a la actual. Es difícil generalizar a partir de las distintas experiencias surgidas del manejo de estas áreas, pero sí es válido decir que las autoridades locales (estados y municipios) tradicionalmente han mantenido una visión “desarrollista” que ve la utilidad primaria extractiva y “privatizable” de estas áreas, antes que valorar los beneficios públicos de los servicios ambientales que brindan y las condiciones de sustentabilidad que pueden proporcionar a los procesos de desarrollo local y regional.

El esquema de descentralización participativa, también llamado “co-manejo”, es una forma de manejo practicada desde los años ochenta en las ANP de México. En ese entonces proliferaron las organizaciones no gubernamentales enfocadas en el tema del medio ambiente y la protección de la biodiversidad, en el contexto de una sociedad organizada y participativa frente a la ausencia de un gobierno estructuralmente fuerte para atender el tema. A pesar del obstáculo que representa la falta de transferencia de los actos de autoridad a las organizaciones de la sociedad civil, éstas junto con los centros de investigación y de enseñanza superior han mantenido una forma activa de participación en el manejo de las ANP desde hace más de dos décadas, lo cual puede apreciarse en la generación de proyectos y programas de investigación, educación, monitoreo, restauración y desarrollo social.

En este sentido se debe reconocer que, previamente a la conformación de la SEMARNAP en 1995 y ante la falta de presencia física de la autoridad encargada de la administración de estas áreas naturales protegidas, la participación en ellas, en particular de las ONGS, resultaba determinante para su conservación.

La participación de las ONGS y el sector privado ha transitado también a través de la adquisición de predios al interior de las ANP como medida para reforzar su conservación, tales son los casos de Pronatura, A.C. en la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos y de Amigos de Sian Ka’an A.C. en la Reserva del mismo nombre, así como de empresarios que han manifestado, al menos por ahora, dedicar a la conservación algunos predios adquiridos. En algunas de estas adquisiciones se ha contado con el apoyo de organizaciones internacionales en la recaudación de fondos provenientes del extranjero, sumando de esta forma la participación privada internacional. Este tema requerirá de un análisis posterior debido a la inconformidad de algunos sectores que advierten sobre riesgos de “acaparamiento” de terrenos, específicamente cuando las superficies son extensas, lo cual puede llevar a que el patrimonio natural quede “en manos de unos cuantos” y sean éstos quienes aprovechen los recursos de las ANP. Si bien es cierto que esta presunción puede responder a la falsa premisa del bien privado versus el bien público, también sugiere que la titularidad de las ANP en principio debiera retornar a manos de la institución responsable de su manejo, en particular los terrenos que constituyen las zonas núcleo en las que no debe permitirse ninguna actividad humana que modifique la evolución del ecosistema.

El otro tema pendiente a analizar es el que se refiere a las ANP privadas en la Península de Yucatán -cuya representatividad es aún incipiente en esta zona-, en las modalidades resultantes del decreto concertado con el gobierno federal o de la certificación de la CONANP. El primer esfuerzo en su tipo lo desarrolla “El Edén A.C., en el municipio de Lázaro Cárdenas, y Uyumil Ceh en Othón P. Blanco, ambas en el estado de Quintana Roo.

La desconcentración administrativa de la CONANP, que se inició durante la administración del presidente Vicente Fox y continúa en la de Felipe Calderón, se originó con la iniciativa de regionalizar todo el sector ambiental, sin embargo, a partir del cambio del titular de la SEMARNAT, sólo la CONAFOR y la CONANP sostuvieron esa iniciativa. Estos cambios de política no sólo generaron incertidumbre en las formas y tiempos del proceso de regionalización, sino también un abatimiento del apoyo político y económico.

Si bien el proceso de regionalización ha logrado a la fecha un mayor alcance institucional y la operación de novedosos esquemas de administración para la atención en mayor o menor medida de todas las ANP de administración federal, también ha generado un exceso de funciones y compromisos a nivel regional y local para el personal de la institución, además de reducir los logros y alcances que en lo individual habían logrado algunas ANP a lo largo del sexenio del presidente Ernesto Zedillo.

Entre ese exceso de funciones en la Península de Yucatán podemos señalar el incremento en la atención de 12 a 18 ANP, el ingreso de 8 nuevas ANP para atender nuevos compromisos internacionales (MAB, WHS o RAMSAR), la atención y despacho de permisos en materia de aprovechamiento turístico, las opiniones institucionales en materia de impacto ambiental, cambios de uso de suelo, investigación y colecta científica, y muchos otros. A este cúmulo de responsabilidades hay que sumar la atención a Programas de Desarrollo Rural Sustentable y a Programas de Especies Prioritarias, el establecimiento de nuevas ANP, el diseño e implementación del cobro de derechos por uso de las ANP y el apoyo a sistemas estatales, municipales o privados de ANP. Todo lo anterior sin obtener un incremento de personal acorde con las necesidades requeridas.

Es importante señalar que desde la década de los ochenta, en la Península de Yucatán -a diferencia de otras regiones del país- se han ido construyendo condiciones tendientes a consolidar la administración regional: la continuidad y cohesión de un equipo de trabajo, la cooperación interna, la coherencia institucional en la toma de decisiones y la homogeneidad social y ambiental. Aunque a muchos puede parecer que este cuadro se desdibuja y palidece, especialmente en los últimos años, lo cierto es que el capital humano formado regionalmente, las redes de interacción entre los actores y las organizaciones relevantes, y el saber construido en conjunto entre los equipos institucionales de trabajo enfocados en la conservación, las ONG y un importante grupo de académicos, continúan siendo un importante patrimonio local que afianza las posibilidades de continuar fortaleciendo la conservación in situ.

Otro factor a tomar en cuenta es el hecho de que la regionalización en la CONANP se originó mediante el método de ensayo–error, lo que generó durante dos o tres años esquemas distintos en las regiones “establecidas”. Incluso actualmente se encuentran en revisión nuevas propuestas de límites y número de regiones en el país (Fig. 1).

Para el caso de la Península de Yucatán, los objetivos rectores de dicha regionalización son:

• Elevar el nivel de gestión local y regional con los gobiernos de los estados y municipios y con el sector social.
  
  
• Agilizar los mecanismos de toma de decisiones y de concertación con las comunidades y organismos del sector social.
  
  
• Generar mecanismos de asesoría, capacitación y colaboración entre las ANP de la región que permitan elevar el nivel de su manejo y de las capacidades profesionales del personal.
  
  
• Ampliar la cobertura de atención a la totalidad de las Áreas Naturales Protegidas de la Península de Yucatán.
  
  
• Agilizar la administración de los recursos materiales y financieros de la región. Asimismo, el proceso de fortalecimiento de la capacidad institucional para la desconcentración de ANP en la Península de Yucatán incluye:
  
  
• Mejorar el reclutamiento y uso de las habilidades del personal.
  
  
• Reestructurar el trabajo y las relaciones de autoridad.
  
  
• Mejorar la información y los flujos de comunicación.
  
  
• Re-inventariar y reasignar los recursos materiales.
  
  
• Descentralizar y abrir oportunidades de intervención participativa en los procesos de toma de decisiones.
  
  
• Mejorar los procesos administrativos.

Figura 1. Propuesta de regionalización para la administración de las ANP federales 2007.

Entre los modelos de regionalización propuestos se incluyeron esquemas en los cuales los directores de ANP cuenten adicionalmente con un liderazgo temático a nivel regional o con un liderazgo regional por ecosistema protegido.

El modelo de regionalización alcanzado se detalla en la Tabla 4.

Conclusiones

El proceso de regionalización desarrollado requirió acciones de “desconcentración institucional”, reflejadas actualmente en las modificaciones al Reglamento Interno de la SEMARNAT (DOF 30/XI/06). Se transfirieron algunas funciones y actos de autoridad que se ejercían desde el centro. Considerando que desconcentrar no es independizar, pero sí dejar o atenuar la jerarquía administrativa, el poder central mantiene para sí facultades limitadas de verificación y control. Es necesario ver a las direcciones de las ANP como las células del funcionamiento del sistema (SINAP) y de la institución (CONANP), ya que otra visión netamente centralista significaría un retroceso de décadas y causaría distorsiones del propósito que animó la creación de esta institución en el año 2000.

Tabla 4. Misión CONANP: Conservar el patrimonio natural de México a
través de las Áreas Naturales Protegidas y de los Programas de Desarrollo
Rural Sustentable en regiones prioritarias para la conservación.

El tema de la descentralización de las Áreas Naturales Protegidas se manifiesta también en la agenda internacional. En la experiencia reciente de Quintana Roo, el interés mostrado por autoridades municipales para administrar las ANP ha obedecido ya sea al atractivo que representa la generación y recaudación de recursos económicos por el ingreso de turistas, o bien, a que la institución gubernamental encargada de la administración es vista como un freno a los intereses económicos privados para el uso o explotación de recursos naturales, la construcción de obras de infraestructura y desarrollos turísticos, principalmente costeros, o para favorecer mediante permisos de uso de recursos a grupos o sectores de interés específicos. El interés manifiesto, entonces, no ha revelado un verdadero compromiso con la conservación de las ANP.

Con base en estas experiencias y en otros argumentos de carácter estratégico, podemos enunciar las razones por las que no resulta conveniente hasta el momento promover la descentralización de las ANP en términos de ceder su administración a estados o municipios:

1. Si consideramos que las ANP contienen el capital natural más valioso del país y que éste debe ser conservado y manejado estratégicamente -incluso se habla de considerarlo asunto de seguridad nacional-, entonces se requiere de una estrategia nacional para que el manejo derive de una sola política de alto nivel de compromiso de Estado.
   
   
2. Si bien algunos estados y municipios están interesados en administrar ANP federales y pueden aportar importantes elementos para ese fin, es claro también que no todos mantendrán el mismo nivel de compromiso en el tema y las capacidades técnicas y económicas de cada uno serán muy distintas. Algunas experiencias del pasado en Campeche y Quintana Roo han mostrado que el manejo estatal de las ANP tiende a politizar su administración y toma de decisiones.
   
   
3. Aún existe una fuerte dependencia de financiamiento y cooperación internacional para el manejo de las ANP. Las estrategias de financiamiento internacional se han dirigido tradicionalmente hacia los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas con base en las prioridades surgidas de las consultas con expertos. La gestión de dichos recursos desde el nivel local podría generar una competencia innecesaria que contribuya a desgastar y burocratizar las relaciones de cooperación internacional.
   
   
4. El manejo de las ANP requiere de una integración de las políticas públicas y la confluencia de la toma de decisiones del manejo y administración territorial y de los recursos naturales. En este sentido no se contempla jurídicamente, al menos en el corto plazo, que la administración y la aplicación de los actos de autoridad de las áreas marinas, los sistemas lagunares, las zonas federales marítimo- terrestres y otros bienes nacionales al interior de las ANP sean de carácter estatal o municipal. Esta condición limitaría en mucho un manejo integral de las ANP.
   
   
5. Las experiencias del manejo de las ANP de carácter estatal o municipal, o de los sistemas estatales de ANP, salvo casos excepcionales, no muestran un satisfactorio desempeño o un verdadero compromiso institucional en su manejo a través de los cambios gubernamentales. Esto refleja y torna en un asunto secundario el interés de los gobiernos locales para su adecuado manejo y conservación. Incluso existen algunos estados y más municipios para los que el tema resulta completamente ajeno, a pesar de que la LGEEPA permite la creación de sistemas estatales o iniciativas municipales para la conservación de la biodiversidad local.
   
   
6. Muchas de las ANP han sido establecidas abarcando más de un municipio o inclusive dos o más estados de la República debido a que las condiciones naturales de los ecosistemas no respetan las fronteras políticas. Se antoja aún más compleja la integración de las políticas públicas con administraciones divididas.
   
   
7. No es contradictorio terminar señalando que es necesario mantener las oportunidades que surgen de la creación de ANP desde iniciativas locales para la conservación, en el entendido de la existencia de canales acordes con las leyes y procedimientos federales.
   
   
8. Reconocer las asimetrías que existen entre las ciencias sociales y naturales en relación a las iniciativas de manejo (Bretón y Davy, 2006), permitirá reconocer la necesidad de trabajar más en conjunto a favor de las ANP, en grupos de trabajo multidisciplinario enfocados en la reorientación y análisis de enfoques para profundizar en el tema de la descentralización y centralización de la gestión ambiental.

Ante los problemas vislumbrados en este capítulo producto de nuestra experiencia (el factor “político” en la gestión del territorio protegido, el poco acceso a la gestión de apoyos, la falta de presencia institucional, la voracidad de las autoridades locales para fomentar actividades no sustentables, la falta de apoyo económico y político), nos quedan retos y desafíos (el fomento de la cultura ambiental, la necesidad de las inversiones privadas, una gestión que atienda la integración de las políticas públicas) que habrá que asumir y trabajar con diferentes grupos multiescala y multifuncionales, pero cuidando que prevalezca la verdadera defensa de nuestro territorio como nación. ¿Un nuevo federalismo?

Bibliografía

Bretón, Y., D. Brown, B. Davy, M. Haughton, y L. Ovares, L. (Eds), 2006. Manejo de Recursos Costeros en el Gran Caribe. IDRC, Ottawa.

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), “Logros 2003”, México D. F.

http./ www.Página web Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

http:/ www. Portal de transparencia del Gobierno de Quintana Roo, Gobierno de Yucatán y Gobierno de Campeche.

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